El pasado 14 de junio, el Parlamento Europeo aprobó el proyecto de ley sobre la inteligencia artificial (IA), que pretende establecer un marco jurídico armonizado para el desarrollo y el uso de la IA en la Unión Europea. Sin embargo, esta ley ha generado una gran controversia entre los expertos y los defensores de los derechos digitales, que la consideran una amenaza para la privacidad, la innovación y la democracia. ¿Qué implica realmente esta ley y qué intereses hay detrás de ella?

Un modelo de control disfrazado de regulación de la IA en Europa

Según la Comisión Europea, el objetivo de la ley es promover una IA fiable y centrada en el ser humano, que respete los valores, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho de la UE, y que garantice un alto nivel de protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente. Para ello, la ley clasifica los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y mínimo, y establece diferentes requisitos y obligaciones para cada uno de ellos.

Sin embargo, esta clasificación es muy ambigua y deja un amplio margen de interpretación a las autoridades nacionales y europeas, que podrán decidir qué sistemas de IA se consideran de alto riesgo y qué medidas se deben aplicar para su supervisión y control. Además, la ley permite el uso de sistemas de IA que atentan contra los derechos fundamentales, como la identificación biométrica en tiempo real, siempre que se justifique por motivos de seguridad pública o de defensa nacional .

Esto significa que, en la práctica, la ley no regula la IA, sino que la controla, otorgando un poder excesivo a las instituciones y a los Estados miembros, que podrán utilizar la IA para vigilar, manipular y censurar a los ciudadanos, sin garantizar su transparencia, su rendición de cuentas ni su participación democrática .

Una amenaza para la privacidad, la innovación y la democracia

La ley de regulación de la IA en Europa supone una grave amenaza para la privacidad, la innovación y la democracia de los europeos, que se verán sometidos a un modelo de control social basado en la IA, que viola sus derechos y libertades.

Por un lado, la ley legitima el uso de sistemas de IA que vulneran la privacidad de los ciudadanos, como las cámaras de seguridad con reconocimiento facial, que se han instalado masivamente en las ciudades y los edificios sin el consentimiento ni el conocimiento de los afectados. Estos sistemas pueden recopilar y procesar datos personales sensibles, como la identidad, el género, la edad, la raza, la salud o las emociones, y utilizarlos para fines discriminatorios, como la exclusión social, la persecución política o la manipulación comercial.

Por otro lado, la ley desincentiva la innovación y la competitividad de las empresas y los investigadores europeos, que se verán obligados a cumplir con unos requisitos y unas restricciones excesivas y costosas para desarrollar y utilizar sistemas de IA, que no se aplican a sus competidores de otras regiones, como Estados Unidos o China . Esto puede provocar una fuga de talento y de inversión, y una pérdida de oportunidades para el crecimiento económico y social de Europa .

Por último, la ley debilita la democracia y el Estado de Derecho en Europa, al permitir que la IA se utilice para influir en la opinión pública, la información y la comunicación, y para interferir en los procesos electorales, los derechos civiles y la participación ciudadana . Esto puede generar una pérdida de confianza y de legitimidad de las instituciones y los representantes políticos, y una erosión de los valores y los principios de la UE .

Una ley al servicio de los poderes establecidos

La ley de regulación de la IA en Europa no es una ley al servicio de los ciudadanos, sino de los poderes establecidos, que buscan mantener y reforzar su posición dominante frente a los desafíos y las demandas sociales que plantea la IA. Nos tratan de rebaño y el pueblo aplaude. Lo peor es que la mayoría de los medios y gente que no tiene porque saber de tecnología, se van a creer que han legislado a su favor.

Sin embargo, la IA no es una tecnología neutra ni inevitable, sino que refleja y reproduce los intereses y los valores de quienes la diseñan, la desarrollan y la utilizan. Por eso, es necesario un debate público y democrático sobre la IA, que involucre a todos los actores sociales, desde los expertos y los reguladores, hasta los usuarios y los afectados, y que defina los fines, los medios y los límites de la IA en función de las necesidades y las aspiraciones de la sociedad.

Solo así podremos garantizar que la IA sea una herramienta al servicio del bien común, y no un instrumento de dominación y de control.